El Loro Político

Nota publicada originalmente en El Pais Digital 

El Poder Ejecutivo Nacional presentó un proyecto de ley para reformar distintos aspectos del sistema electoral argentino, entre los que se destaca la introducción de la boleta única electrónica (BUE). Bajo el sello de la modernización, el gobierno considera que el actual sistema de boleta partidaria es obsoleto y es necesario, por ende, hacer uso de las nuevas tecnologías para “alinear” a nuestro país con las tendencias imperantes en otras latitudes.

A continuación, presentamos una serie de argumentos que aspiran a enriquecer el debate respecto no solo del proyecto de ley referido, sino más en general, sobre nuestro sistema electoral y los aspectos que deberían corregirse. 

¿Modernización? La indagación de lo que ocurre en otros países puede contribuir a develar dos interrogantes fundamentales: 1) ¿Nuestro sistema de boleta partidaria es anacrónico y se encuentra perimido? 2) ¿Es el voto electrónico una tendencia hegemónica a nivel mundial? Con respecto a la primera pregunta, en América Latina, efectivamente, en las últimas décadas la mayoría de los países -salvo la Argentina y Uruguay- han desistido del uso de la boleta partidaria. Sin embargo, del otro lado del Atlántico, las excepciones se amplían: España, Francia, Noruega y Suecia aún recurren a ella. En cuanto al segundo interrogante, cabe decir que el voto electrónico sí es una verdadera excepción, pues solo tres países lo aplican (Venezuela, Brasil y la India). El sistema más utilizado es, bajo distintas modalidades, la boleta única en papel (conocida como boleta australiana).

En la Argentina, finalmente, a nivel sub-nacional, Córdoba y Santa Fe, aunque de modo diferente, utilizan boleta única en papel desde 2011, mientras que la BUE es aplicada en Salta (2013) y CABA (2015). El resto mantiene la boleta partidaria.

De este breve repaso, se desprenden dos conclusiones: la boleta partidaria no parece ser, en términos internacionales, un dispositivo obsoleto ni definitivamente superado y, a la vez, el voto electrónico no constituye un rasgo distintivo ni predominante en las democracias modernas.

Vísteme despacio. La aspiración gubernamental es concretar la reforma para que sea implementada en la elección legislativa de 2017, con lo cual el tiempo (o mejor dicho, su escasez) se erige en una variable clave a tener en cuenta. Es que la BUE implica una modificación sustancial en el sistema de votación, con repercusiones en los hábitos de los votantes. ¿Cuál puede ser el impacto en términos de la brecha digital? La introducción de nuevas tecnologías, ¿será asimilada de la misma manera por los distintos grupos sociales, como por ejemplo, los de mayor edad, o los de menores recursos socioeconómicos y/o educacionales? Estos son solo algunos de los interrogantes que ameritan ser evaluados en profundidad. No por casualidad, Salta, que aplica la BUE desde 2013, realizó a partir de 2009 experiencias piloto, en algunos municipios de la Provincia, para evaluar sus efectos y reducir potenciales riesgos.

Asimismo, el PRO tuvo que postergar la aplicación de la BUE en las PASO 2015 en Ciudad de Buenos Aires (se realizó en su lugar una experiencia piloto), debido a que no hubo tiempo suficiente para informar a la ciudadanía sobre el nuevo proceso y garantizar la transparencia de los comicios (aprobado por la Legislatura en 2014, el sistema se estrenó en la elección general de 2015).

Experiencias locales. En línea con lo dicho anteriormente, son interesantes algunos datos que surgen del análisis de las elecciones que se llevaron adelante en las provincias que abandonaron recientemente la boleta partidaria: Santa Fe, Córdoba, Salta y CABA. Tal vez la mayor curiosidad estriba en el elevado voto en blanco para cargos legislativos, sensiblemente superior al registrado para cargos ejecutivos.

Ejemplos:

Córdoba. En 2015, el voto en blanco a Gobernador fue del 3,8% mientras que a Legislador por Distrito único ascendió al 15,7%. Asimismo, en la elección de 2011, el voto en blanco fue de 2,6% para Gobernador, de 20,6% para Diputados por Distrito Único y de 18,8% para Diputados por Departamento.

Santa Fe. En 2015, el voto en blanco a Gobernador fue de 3,5%, mientras que para Diputados fue más del doble (7,3%). En tanto, en 2011, el voto en blanco para Gobernador fue de 2,3% y para Diputados fue de 8,3%. Interesa agregar que ya en la elección 2007 -con la boleta partidaria tradicional- se habían registrado diferencias, aunque no tan grandes como en las dos elecciones siguientes.  

Salta. En 2015, para Gobernador el voto en blanco fue de 3,1%; para Diputados 4,9% y para Senadores se da el valor más alto: 9,1%.   

CABA. En 2015 no se registraron diferencias significativas en el voto en blanco entre los cargos ejecutivos y legislativos.

Estas asimetrías en el voto en blanco, ¿constituyen un síntoma del desconocimiento por parte del electorado ante el nuevo sistema de votación? Es una hipótesis que solo podrá verificarse en el futuro, cuando se disponga de más casos para el análisis (elecciones, básicamente). Hay que resaltar, además, que los cuatro ejemplos referidos no poseen el mismo sistema. Santa Fe y Córdoba, donde las diferencias en el voto en blanco fueron significativas, tienen ambos la boleta única en papel (aunque su diseño no es idéntico). Para el caso de la BUE, los resultados son más contradictorios: en Salta hubo diferencias importantes en el voto en blanco y en CABA no[1].  

En vista de estos antecedentes, ¿por qué el apuro en implementar un sistema de votación cuyas consecuencias no están debidamente estimadas? ¿No sería conveniente llevar adelante experiencias piloto a fin de indagar de qué modo la ciudadanía responde a estos cambios?

¿Un jaque a la gobernabilidad? La BUE puede acarrear consecuencias negativas no solo para los votantes sino también para la competencia partidaria, la dinámica legislativa y más en general, la gobernabilidad. ¿En qué medida su utilización puede incentivar el voto cruzado (o sea, el voto a partidos distintos en cada una de las categorías o cargos a cubrir) y con ello, fomentar los gobiernos divididos?

De nuevo, lo ocurrido en las cuatro provincias que dejaron la boleta partidaria puede servir como punto de partida (no definitivo) para reflexionar sobre dichas consecuencias. Al respecto, en Santa Fe, en la elección de 2015, el Frente Progresista Cívico y Social obtuvo el 30,6% para Gobernador y 40,5% en Diputados. En el caso del Frente Justicialista para la Victoria, los números son también dispares: 29,3% para el cargo ejecutivo y 18,8% en Diputados. Algo similar ocurrió en la elección de 2011, en donde se produjo una situación de gobierno dividido. Aunque con amplitudes menores a las registradas en Santa Fe, estas tendencias se registraron también en el caso de Córdoba (en 2011 y en 2015).  

Por su parte, en Salta, en la elección 2015, el gobernador Juan Manuel Urtubey logró la re-elección con el 51,2% de los votos, superando por alrededor de veinte puntos a su inmediato perseguidor, mientras que el candidato a Intendente por la capital provincial de su mismo partido obtuvo el 33% y fue derrotado. Finalmente, en CABA, no hubo un voto cruzado significativo en las elecciones de 2015.

Aunque resultan diferentes en cuanto a su diseño, pareciera que las boletas de Córdoba y Santa Fe han promovido el voto cruzado, o como mínimo, no lo evitaron. La (breve) experiencia de la BUE resulta más contradictoria con respecto a dicho fenómeno: en Salta se dio y en CABA no. Al igual que lo dicho para el voto en blanco, es necesario contar con más casos para poder extraer conclusiones certeras.

¿Lista sábana para todos? Tal como está redactado, el proyecto, en caso de aprobarse, puede producir una mayor personalización de la política, debilitar a los partidos y agrandar la brecha entre representantes y representados. En el artículo 63 se establece que en la pantalla electrónica disponible para la votación, debe figurar al menos el primer candidato de cada lista. Esto abre la posibilidad de que, por ejemplo, para la elección a Diputados Nacionales por la provincia de Buenos Aires, el votante vea en la pantalla solamente al cabeza de lista de cada partido y no a los restantes 34 aspirantes. El mal llamado sistema de lista sábana, tan denostado hasta hace poco y que en verdad deja sentir sus efectos solo en los distritos más grandes, pasaría a diseminarse en prácticamente todo el país. 

Algunas virtudes (relativas) de la BUE

Los defensores de la BUE suelen presentar algunas ventajas y beneficios que traería aparejada su implementación, y que, sin negarlas, es necesario analizarlas detenidamente.

Larga vida para los fiscales. Se dice, con razón, que la BUE pone fin al robo de boletas. Cabe agregar, de todas maneras, que el sistema de boleta única en papel también ofrece una solución -y tal vez más eficiente- contra dicho flagelo. Además, es necesario reflexionar sobre las causas del robo de boletas y las posibles maneras de neutralizarlo. Julio Burdman, en un artículo reciente[2], ha señalado que la boleta partidaria está en crisis porque los partidos actuales, con una organización más débil y laxa que antaño, ya no están en condiciones de hacerse cargo de todo lo que ella implica (diseño, impresión, fiscales en los centros de votación, etc.). A este declive organizacional, habría que sumarle los cambios en el sistema partidario argentino producidos tras la crisis de 2001, entre los que se destacan el fin del bipartidismo, la excesiva fragmentación y la proliferación de sellos partidarios con poco arraigo social. La suma de todos estos factores inciden notablemente en la ineficacia de muchos partidos (no todos) para garantizar el adecuado funcionamiento de la boleta partidaria. 

Ahora bien, ¿la BUE elimina la necesidad de fiscales? ¿No serán mayores las exigencias para cada partido político de contar con “expertos” en cuestiones informáticas el día de la elección? Si esto es así, ¿no deberían pensarse reformas institucionales que promuevan un fortalecimiento de las organizaciones partidarias y no su debilitamiento?

¿Quién paga? ¿Y cuánto? Muchos partidos, probablemente, se sientan atraídos por la BUE, ante la perspectiva de reducir las obligaciones económico-financieras que demanda el sistema actual. En caso de prosperar el proyecto de reforma, sería el Estado quien asuma los costos. La relación entre dinero y política se ha convertido en las últimas décadas en una problemática central de nuestra democracia, y una mayor participación estatal constituye, desde nuestra perspectiva, un mecanismo idóneo para reducir la influencia de los grandes donantes y todos los problemas que ello suele acarrear. Ahora bien, ¿cuánto costará la BUE? Resulta imposible estimar con precisión los gastos, porque ello dependerá, obviamente, de las modalidades que asuma su implementación. Pero lo que sí es seguro es que la boleta única en papel, también a cargo del Estado, se ofrece como una solución más eficiente desde el punto de vista económico.

Tarde pero seguro. Se dice que la BUE agiliza el escrutinio. De esa manera, la ciudadanía puede conocer en forma rápida el resultado -provisorio- de una elección. Sin embargo, ¿es la celeridad el valor supremo y decisivo que debemos garantizar en una elección? ¿No resulta más importante, en tal sentido, la seguridad y la confianza ciudadana en todos y cada uno de los actos que forman parte del proceso electoral? Son muchos los especialistas que han apuntado sobre posibles problemas de seguridad que subyacen con la BUE. No solo eso. En  otros países, como Alemania, se ha revertido la decisión de implementar el voto electrónico, y uno de los argumentos -vertido por el Tribunal Constitucional de ese país- fue justamente las debilidades en materia de fiscalización.

Nuestro sistema actual no es perfecto, sí perfectible. Puede ser lento y engorroso el proceso de escrutinio, pero en términos generales no se han registrado, desde 1983 a la fecha, graves problemas relativos a la integridad del proceso electoral. Las mayores dificultades, en tal sentido, suelen observarse en los distritos sub-nacionales. Asimismo, hoy en día, los ciudadanos pueden ser parte de la fiscalización sin requerir para ello de ninguna pericia técnica particular.  

Para concluir, los argumentos aquí vertidos pretenden ser un aporte para enriquecer un debate que, creemos, debe ser profundo y amplio. Es necesario sopesar, detenidamente, las ventajas y desventajas de los distintos sistemas de votación antes de producir cambios con consecuencias aún desconocidas y que pueden resultar más gravosas que los problemas que pretenden solucionar.

[1] Habría que agregar, además, que las diferencias del voto en blanco pueden deberse a otras causas (concurrentes o alternativas) a la del tipo de boleta utilizado. En tal sentido, en la elección nacional 2015 se han registrado diferencias significativas en el voto en blanco entre las categorías a Presidente y a Diputados-Senadores Nacionales en algunos distritos. Estas tendencias deberían ser analizadas en profundidad para poder determinar con precisión sus orígenes. 

 [2] “Echale la culpa al PJ”, publicada en Bastión Digital http://ar.bastiondigital.com/notas/echale-la-culpa-al-pj.