Max Weber dijo alguna vez que las finanzas de los partidos constituyen el capítulo menos claro de su historia y, sin embargo, uno de los más importantes. No se equivocó.
Los escándalos vinculados con el financiamiento ilegal de la política se suceden y no reconocen fronteras geográficas, partidarias ni ideológicas.
Ya hemos mencionado en otra nota que, en los últimos años, existe una clara tendencia, a nivel internacional, de prohibir los aportes empresariales. México es pionero, con un sistema en el que predomina el financiamiento público y solo se admiten aportes de personas (no de empresas). En Brasil, el Supremo Tribunal Federal declaró inconstitucionales las contribuciones empresariales en un fallo histórico, en septiembre de 2015, en el que no solo cuestionó que las empresas gocen de los mismos derechos políticos que los ciudadanos, sino que también alertó sobre la patrimonialización del sistema político brasilero (ver nuestra nota sobre el tema aquí). Chile siguió el mismo camino en 2016, prohibiendo los aportes de empresas. En Uruguay, el Senado aprobó en diciembre de 2017 un proyecto de reforma similar y Diputados se apresta para convertirlo en ley. En Perú, se dio algo levemente diferente, pero que apunta en el mismo sentido restrictivo: se prohibieron los aportes de empresas extranjeras, con el escándalo Odebrecht como telón de fondo.
Estos cambios legislativos, todos en la misma dirección, ponen en evidencia los espúreos vínculos entre empresarios y políticos, en los que sobresalen distintos ilícitos pero donde el mecanismo siempre sigue idéntico patrón: las empresas, con una lógica estrictamente capitalista, "invierten" en las campañas de partidos y candidatos, sabiendo que una vez en el cargo público, el político que triunfe devolverá el favor mediante un beneficio económico (licitaciones, reducción de subsidios, etc.).
Para ampliar el espectro de análisis sobre esta temática, a continuación se detallan algunos escándalos de corrupción recientes, relacionados con el financiamiento político en otros países, que muestran que la relación dinero-política constituye uno de los grandes desafíos que enfrentan las democracias en la actualidad.
ESPAÑA |
El 1 de junio de 2018 fue destituido Mariano Rajoy a través de una moción de censura. La caída del líder del Partido Popular fue un derivado directo de la causa judicial llamada el caso "Gürtel", en la que fueron condenados importantes empresarios y dirigentes políticos por un escándalo de corrupción vinculado con el financiamiento de la política.
La causa Gürtel fue iniciada en 2007. Se trata de corrupción a gran escala: una red de empresas que conseguían contratos de todo tipo por parte de administraciones gobernadas por el Partido Popular (PP) en diversas partes de España. Lo hacían a cambio de sobornos que iban a parar a los cargos públicos responsables de decidir sobre esos contratos e incluso servían para financiar actos de campaña y otras gestiones del propio PP, según concluyó la Justicia española.
Fuentes consultadas:
FRANCIA |
El ex Presidente Nicolás Sarkozy fue detenido e indagado en marzo de 2018 por un escándalo vinculado con el financiamiento político en las elecciones 2007, que lo llevaron por primera vez a la Presidencia.
La causa tiene su origen en un documento libio, publicado en mayo de 2012 por el sitio de información “Médiapart”, en el que se daba cuenta de que el ex jefe del Estado francés había recibido dinero de Gadafi.
Las sospechas sobre Sarkozy y su equipo se apoyan en testimonios como el del intermediario franco-libanés Ziad Takieddine que asegura que entre noviembre de 2006 y enero 2007 entregó el dinero para financiar la campaña de Sarkozy a este, que entonces era ministro del Interior, y a su jefe de gabinete, Claude Guéant.
Otra causa en la que también está involucrado Zarkozy por el tema del financiamiento ilegal se inició en 2015. En este caso, la objeción de la justicia son las elecciones presidenciales 2012, en las que Zarkozy logró la re-elección. Se le imputa haber excedido el límite de gastos electorales fijado por la ley, y ocultarlo a través de un complejo sistema de facturas falsas.
Fuentes consultadas:
COREA DEL SUR |
La ex Presidenta de Corea del Sur Park Geun-hye fue condenada en abril de 2018 a 24 años de cárcel por corrupción y abuso de poder. Además, le impusieron multas por el orden de 18.000 millones de wones (unos US$17 millones), al final de un proceso judicial que duró más de 10 meses.
Park fue acusada de haber cooperado con Choi Soon-sil, empresaria de profesión, para conceder favores políticos a grandes conglomerados empresariales surcoreanos, incluidos los gigantes Samsung y Lotte, a cambio de decenas de millones de dólares.
Fuentes consultadas:
SUDÁFRICA |
El Presidente de Sudáfrica, Jacob Zuma, del partido Congreso Nacional Africano (CNA) renunció en febrero de 2018, envuelto en distintos casos de corrupción.
Uno de los más resonantes fue el llamado Guptagate. Se trata de una compleja red de presunta corrupción e influencias que afectan a tres hermanos empresarios, los Gupta, que mantuvieron una estrecha relación con Zuma y su familia. Zuma fue acusado, entre otros delitos, de beneficiar económicamente a los Gupta, con acuerdos comerciales y a cambio, les permitió tener injerencia en su gobierno, como el nombramiento de ministros y directores estatales.
Fuentes consultadas:
PERÚ |
En marzo de 2018, el ex Presidente Pedro Pablo Kuczynski tuvo que renunciar a su cargo, a raíz del escándalo de corrupción vinculado con la empresa brasileña Odebrecht.
Fuentes consultadas: