El Loro Político

El periodista Juan Amorín realizó una investigación en la que puso de manifiesto una serie de irregularidades vinculadas con el modo en que Cambiemos financió su campaña en las elecciones legislativas de 2017: básicamente, descubrió que cientos de personas que viven en villas del conurbano bonaerense y reciben planes sociales aparecen financiando la campaña de Graciela Ocaña y Esteban Bullrich. Los supuestos donantes niegan haber efectuado dichas contribuciones. 

A continuación, exponemos una serie de elementos que se desprenden de este incipiente escándalo.

El origen. Llama la atención que el tema de los aportes truchos haya salido a la luz recién ahora, gracias a la labor periodística de Amorín, realizada desde un medio alternativo y cuyos recursos son ínfimos en comparación con otros grandes medios de comunicación o actores especializados en el tema. Cabe recordar que los informes financieros del Frente para la Victoria en 2007 y 2011 fueron monitoreados en profundidad por medios como Perfil o La Nación. ¿Nadie tuvo interés, desde octubre del año pasado, en investigar quiénes habían hecho aportes a Cambiemos? Más aún, realizar cruce de datos para comprobar la identidad de los aportantes (por ejemplo, con un simple llamado telefónico) es una tarea que, según la normativa vigente, debe llevar adelante la Justicia Electoral.

El daño. El tema, a pesar de contar con escasa cobertura mediática, golpea un costado sensible del oficialismo. Tanto la gobernadora María Eugenia Vidal como Graciela Ocaña, y, en general, todo Cambiemos construyeron sus carreras y forjaron su identidad política en base a la transparencia y la ética en la función pública. En momentos de crisis económica y ajuste, el daño del escándalo posiblemente tenga un mayor impacto.

La manipulación de los pobres. La investigación sobre los aportes truchos no solo pone en cuestión la transparencia con la que se maneja Cambiemos. Hace mella en otro de los ejes centrales de su propuesta política, que es acusar al peronismo, reiteradamente, de utilizar y manipular a los pobres con fines políticos. Falsear la identidad de hombres y mujeres que reciben planes sociales, afiliarlos compulsivamente y usarlos para blanquear dinero constituye un modus operandi que refleja todo lo opuesto a cómo se presenta Cambiemos ante la sociedad.

El silencio. El daño infringido puede demostrarse por el silencio oficial que durante días hubo alrededor del tema. Cabe recordar que en anteriores escándalos (dólar futuro, Arribas, Correo Argentino, cuentas offshore), el Gobierno, tarde o temprano, encontró una respuesta para defenderse ("era dinero de mi padre", "fue antes de ingresar a la función pública", etc.).

La respuesta de Vidal. La gobernadora fue la primera y, hasta el momento, la única en referirse al tema. La defensa que ensayó Vidal resulta insólita: por un lado, sostuvo que se trataba de una denuncia del kirchnerismo; por otro, afirmó que el caso evidenciaba la necesidad de modificar la ley actual de financiamiento, para que, de esa manera, todos los aportes pudiesen ser bancarizados. O no conoce la ley o mintió deliberadamente, porque el artículo 32 de la ley de financiamiento establece que todos los aportes (públicos o privados) que reciba un partido o alianza electoral deben ser ingresados a una cuenta corriente única habilitada en el Banco Nación para tal fin. Pero además, en el argumento de Vidal subyace un tipo de razonamiento muy similar al realizado por José Torello en 2016, cuando admitió que Cambiemos había recibido aportes ilegales (provenientes de empresas) porque no estaban de acuerdo con la ley. Curioso republicanismo el de no cumplir la ley porque no se está de acuerdo con ella. 

Antecedentes. Para Cambiemos, en efecto, no se trata del primer escándalo vinculado con el financiamiento político. En una lista no exhaustiva, se pueden enumerar irregularidades diversas en 2015: aportes de Odebrecht, contribuciones de contratistas de la Ciudad de Buenos Aires y contribuciones de empresas que estaban destinadas a actividades ordinarias y terminaron financiando la campaña.

Aportes de empresas. Como puede observarse en el punto anterior, todos los problemas de Cambiemos en materia de financiamiento tuvieron un punto en común: la percepción de aportes de empresas que, según la ley actual, están prohibidos y resultan ilegales. En ese marco, no es difícil comprender las razones por las cuales Cambiemos busca con premura modificar la ley de financiamiento de los partidos políticos, permitiendo los aportes de empresas con fines electorales (en la actualidad, solo se permiten los aportes para actividades ordinarias).

¿Es necesario cambiar la ley? Es común escuchar por parte del oficialismo que la actual ley de financiamiento no sirve, que los partidos no cumplen con lo estipulado y que urge, por lo tanto, modificarla. Hay una parte de verdad en todo esto. Efectivamente, existe una brecha importante entre el contenido legal y las prácticas de los protagonistas. La pregunta, que merece un largo y profundo debate, es por qué existe esta brecha y cómo se la podría suprimir o al menos morigerar. A la espera de ese debate, hay algo seguro: el caso de los aportes truchos no se origina en algún vacío legal y, en todo caso, lo que habría que reforzar son los mecanismos de control y de sanción.

¿Ingenuidad, subestimación o un intento por evitar las restricciones legales? Es legítimo preguntarse las razones por las que Cambiemos ha decidido armar un esquema de financiamiento tan precario y pasible de ser descubierto, como efectivamente terminó ocurriendo.

Una primera hipótesis reside en la ingenuidad: los armadores de la campaña en PBA serían inexpertos y no encontraron mejor forma de blanquear dinero que tomar prestado los nombres de personas que figuraban en la base de datos de los receptores de planes sociales. Ahora bien, ¿ya se sabe si este escándalo se circunscribe solo a la PBA? Porque, de extenderse a otros distritos, esta hipótesis de la impericia perdería solidez. Por otra parte, lo que llama la atención es por qué una fuerza como Cambiemos, que posee tan fluidos contactos con los empresarios, no pudo conseguir donantes voluntarios, dispuestos a figurar en los informes de rendición de cuentas.

Una segunda hipótesis es que subestimaron las implicancias, especulando con que no iban a ser descubiertos y que, en todo caso, con protección mediática, no iba a haber mayores repercusiones. Por cómo se manejan en algunos otros temas, no habría que descartar esta posibilidad.

Una tercera hipótesis, finalmente, es que, a la luz de los antecedentes y los problemas que tuvo Cambiemos con los donantes privados (de empresas), no le haya quedado otra alternativa que recurrir a la planilla de los planes sociales para blanquear al menos una parte de los ingresos que recibió. Esta hipótesis, en caso de comprobarse, estaría en consonancia con el apuro de Cambiemos por reformar la ley y permitir el aporte de empresas. Pero, además, evidenciaría que el actual marco normativo no es tan deficiente como plantea el oficialismo.

La experiencia internacional. El Gobierno, para promover reformas de distinto tipo, suele poner como ejemplo a imitar lo que sucede en otros países. Interesa brevemente señalar que, en los últimos años, la tendencia predominante en materia de financiamiento ha consistido en prohibir los aportes de empresas para las campañas electorales, es decir, justamente lo contrario a lo que quiere hacer el oficialismo aquí en la Argentina.

México es pionero, con un sistema en el que predomina el financiamiento público y solo se admiten aportes de personas (no de empresas). En Brasil, el Supremo Tribunal Federal declaró inconstitucionales las contribuciones empresariales en un fallo histórico, en septiembre de 2015, en el que no solo cuestionó que las empresas gocen de los mismos derechos políticos que los ciudadanos, sino que también alertó sobre la patrimonialización del sistema político brasilero. Chile siguió el mismo camino en 2016 al prohibir los aportes de empresas. En Uruguay, el Senado aprobó en diciembre de 2017 un proyecto de reforma similar y ahora Diputados se apresta a convertirlo en ley. En Perú, se dio algo levemente diferente, pero que apunta en el mismo sentido restrictivo: se prohibieron los aportes de empresas extranjeras, con el escándalo Odebrecht como telón de fondo. Por fuera de la región, España también produjo recientemente un cambio en el mismo sentido.

Las evidencias parecen concluyentes. Cuesta encontrar casos recientes que hayan ido en la dirección inversa, como pretende hacer la Argentina, esto es, legalizar aportes de empresas que se encuentran prohibidos. Se observa, en tal sentido, una cierta similitud con la discusión que se dio sobre el voto electrónico, en la que el Gobierno argentino iba a contramano de las tendencias imperantes en otros países.