El Loro Político

En vísperas de cumplirse el primer año de Macri en la presidencia, se impone la necesidad de realizar un balance. ¿Qué dirección ha tomado el gobierno en estos doce meses de gestión? ¿Hacia qué sectores sociales se han dirigido sus principales medidas? ¿En qué grado Cambiemos ha logrado concretar sus objetivos? Y, por último, ¿qué dilemas enfrenta en la actualidad y en qué condiciones debe asumirlos?

La base social del macrismo

Siguiendo a Edward Gibson, la base social de un partido político se puede definir como aquellos sectores de la sociedad que mayor importancia tienen para su agenda política y sus recursos. Con esto en mente, cabe hacer un mero repaso de algunas de las principales medidas económicas que ha tomado este gobierno:

• Devaluación de la moneda local en un porcentaje superior al 50%; aumento tarifario en gas, luz, agua y transporte; quita o baja de retenciones a productos agropecuarios, industriales y mineros; liberalización financiera; política monetaria contractiva (alta tasa de interés, incompatible con la posibilidad de promover inversiones productivas); pago a los Fondos Buitres; significativo endeudamiento externo; incipiente apertura comercial; e impulso (exitoso) a la concreción de paritarias por debajo de la inflación.   

Este combo de políticas ha generado, previsiblemente, una notoria redistribución del ingreso a favor de los estratos más acomodados de la sociedad, y como contracara, el aumento de la pobreza, el desempleo y la desigualdad. Así, los trabajadores y el campo popular se encuentran entre los perjudicados con el nuevo modelo. Desde el punto de vista productivo, el mapa de ganadores y perdedores también resulta esclarecedor: los sectores vinculados con la exportación de productos agropecuarios y con las finanzas se han beneficiado notablemente, mientras que la industria, especialmente las pequeñas y medianas empresas, han visto caer sus niveles de rentabilidad.

Existe en esta orientación gubernamental cierta correspondencia con la distribución de votos de las elecciones 2015, puntualmente en el ballotage del 22 de noviembre. Aunque el resultado fue muy ajustado (menos de 700 mil votos de distancia) desde el punto de vista geográfico hubo diferencias notables: en Córdoba y Ciudad de Buenos Aires, Macri se impuso con márgenes de alrededor de 30 puntos, mientras que Scioli logró una ventaja similar en provincias como Formosa o Río Negro. A grandes rasgos, Cambiemos se impuso en la zona central del país, incluido el interior de la provincia de Buenos Aires, y el Frente para la Victoria triunfó en el NOA, en el NEA, en la Patagonia y en el sur y oeste de Buenos Aires.

Con acierto, Carlos Freytes ha señalado que, en términos agregados, el voto por el FPV coincidió aproximadamente con dos distinciones clásicas de la ciencia política argentina: la coalición defensiva (Guillermo O’Donnell) y la coalición periférica (Gibson y Ernesto Calvo). La primera tiene su eje electoral en los sectores populares urbanos, y la segunda está conformada por las provincias extra-pampeanas, cuyas economías dependen en gran medida de la redistribución desde las regiones centrales vía las transferencias del Estado Nacional.

Al analizar en forma conjunta la distribución del voto y las medidas económicas del gobierno surge de manera cristalina que la base social del macrismo se integra, esencialmente, de los sectores altos y medio-altos, que residen, mayoritariamente, en la zona central del país, es decir, donde se ubican las actividades económicas en las que la Argentina goza de ventajas comparativas a nivel internacional.

Un gobierno de centro-derecha

Otra forma de desentrañar la naturaleza del macrismo, complementaria a la de la base social, es por su ideología. Torcuato Di Tella decía que la derecha representa la forma de pensar y sentir de los responsables de dirigir la producción. Pues bien, también en este sentido, el gobierno de Macri deja pocas dudas: se ubica a la derecha del espectro ideológico. En este primer año, en el plano discursivo y práctico, Cambiemos ha ubicado al empresario como el gran protagonista de la vida social.

En el terreno económico, las principales medidas estuvieron destinadas a promover la inversión, con incentivos directos o bien, removiendo aquellos elementos que se consideraban un obstáculo (esto incluyó no solo la eliminación de diversas regulaciones estatales, sino también la reducción del consumo popular). En el ámbito político, además, una gran cantidad de CEOs y dirigentes empresariales se han incorporado al gobierno, asumiendo puestos de conducción estratégicos.

Una forma de verificar esta orientación ideológica, de modo similar a lo realizado con la distribución del voto electoral 2015, es analizar las demandas que expresaban los empresarios en el tramo final del período kirchnerista. Cabe recordar que en 2013 se conformó el Foro de Convergencia Empresarial (FCE), que nuclea a las empresas y asociaciones empresariales más importantes del país. Aunque se encuentran representados los distintos capitales (nacionales y extranjeros; industriales, agrarios, comerciales, financieros), los de mayor tamaño llevan la voz cantante (Techint, Clarín, Arcor, entre otros).

El FCE realizó pronunciamientos públicos antes de las elecciones, en los que se hicieron visibles dos aspectos: la abierta oposición al kirchnerismo y los reclamos por reducir la presencia del Estado en los distintos ámbitos de la economía: “cepo” al dólar, representantes estatales en el directorio de las empresas, trabas y regulaciones en el comercio exterior e interior, liberalización financiera, recomposición tarifaria de los servicios públicos. Las demandas, sin embargo, no se redujeron a cuestiones económicas, pues incluyeron otras de carácter institucional (fortalecimiento de los organismos de control, promoción de un Poder Judicial independiente, formación de una burocracia competente y profesional, y lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado), revelando así el carácter político del FCE. En ese sentido, fue un anticipo de lo que sucedería con Macri como Presidente: la entrada masiva de empresarios al gobierno. Un ejemplo: Juan José Aranguren, activo participante del FCE como representante de la petrolera Shell, es el actual Ministro de Energía.  

En su primer año, el gobierno de Macri ha cumplido satisfactoriamente con las expectativas y necesidades de este sector empresarial. Aunque hubo algunas disidencias puntuales (como en el caso de las tarifas, que motivó la queja de los industriales por la falta de gradualidad en los aumentos), el rumbo económico fue apoyado por la “gran burguesía”.

¿Y ahora qué?

El macrismo ha beneficiado a su base electoral, pero queda pendiente, aún, lo que podría calificarse como su verdadera “misión histórica”: desarmar los fundamentos sociales de las coaliciones defensiva y periférica que votaron a Scioli en el ballotage. A fin de sintetizar, es lícito reunir a ambas en una sola categoría: la coalición “mercado-internista”, con eje en la industria y en un rol más activo del Estado.

Con cada vez mayor recurrencia, el Presidente enfatiza en la necesidad de avanzar en esa dirección. Se trata de un programa de corte neoliberal, cuyos componentes esenciales son la reducción de los costos laborales, la apertura económica y el reordenamiento productivo a través de la supresión de las ayudas estatales a los capitales menos eficientes. Es el tan mentado cambio cultural del que continuamente habla Macri, y que en el terreno político se puede traducir como el intento por desarticular las bases sociales tradicionales del peronismo, al menos en su versión más progresista.

Si la larga década kirchnerista, luego de tener un fuerte crecimiento en la primera parte, se volvió a topar con el problema histórico de la restricción externa, el macrismo pretende convertirse en el portador de su solución definitiva, mediante una reestructuración regresiva y excluyente de la economía y de la sociedad argentina. No es novedoso en este objetivo.

En el pasado reciente, dos experiencias políticas intentaron, con relativo éxito, cumplir con esa ambiciosa meta: la última dictadura militar (1976-1983) y el menemismo (1989-1999). Ambas, en efecto, redujeron la participación industrial en el total producido, generaron una profunda redistribución de ingresos en contra de los trabajadores, e insertaron a la Argentina en el comercio mundial como proveedor de materias primas.

Sin embargo, el contexto en el que Macri quiere completar esta tarea es diferente en algunos aspectos esenciales que lo distinguen de aquellas dos experiencias:

• Falta de crisis previa. En 2015, la economía creció más de dos puntos, según el propio INDEC macrista. La inflación, por encima de los dos dígitos, mostraba una tendencia declinante y el desempleo era bajo en términos históricos. En cambio, el golpe militar del ’76 y el menemismo en 1989 encontraron un país sumido en un deterioro económico y social evidente para la población. El Ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, reconoció públicamente que la ausencia de una crisis previa era uno de los escollos principales de su gestión. Es sabido: la tolerancia social para un programa de ajuste es menor cuando las circunstancias económicas no resultan apremiantes.
• Los márgenes políticos. En 1976, el programa neoliberal fue ejecutado a sangre y fuego, es decir, en lo esencial, no requirió la obtención de permanentes y activos consensos populares. Menem, por su parte, se sirvió del aparato del Partido Justicialista para legitimar su proyecto. Además, el shock de reformas estructurales del menemismo fue aplicado en paralelo a la concesión de beneficios puntuales y selectivos a determinados sectores y grupos económicos, muchas veces contradiciendo los objetivos generales del propio modelo económico. Por ejemplo, hubo un proceso de apertura económica rápido y profundo, pero con excepciones importantes: la industria automotriz, el acero o el cemento gozaron de protecciones especiales. ¿Hasta qué punto el macrismo estará dispuesto a hacer este tipo de concesiones para avanzar en sus objetivos estratégicos? Y más en general, ¿cuál será su capacidad política para legitimar un proceso de pérdida de derechos sociales a medida que el discurso de la pesada herencia pierda efectividad?
• Contexto internacional. Martínez de Hoz llevó adelante su programa en un mundo de crédito fácil, determinado por la liquidez de los países centrales, más los petrodólares. Asimismo, Menem, durante la primera parte de su gobierno, dispuso de los activos estatales como mecanismo principal de atracción de capitales (muchos de origen nacional). El macrismo, por el contrario, al elegir un programa aperturista, parece haber hecho una lectura equivocada de la situación internacional. El triunfo de Trump no representa tanto un punto de inflexión sino la expresión de la inestabilidad que vive el mundo desde 2008, y de la tendencia general hacia mayores niveles de proteccionismo. Tal afirmación, de todas maneras, no implica subestimar el efecto “Trump” en el corto plazo, especialmente en lo que se refiere al posible encarecimiento en los costos del endeudamiento externo.

Los dilemas de una nueva etapa

Como fuera dicho antes, la cúpula empresarial apoyó, en líneas generales, el rumbo económico adoptado por el gobierno de Macri en su primer año. Cumplidos razonablemente los dos objetivos fundamentales por los que bregó desde sus inicios el FCE (la derrota del kirchnerismo y la reducción de la presencia estatal en la economía), comienzan a emerger, sin embargo, diferencias cada vez más visibles sobre cómo avanzar en la nueva etapa.

Las disputas no se originan respecto del rumbo estratégico: el desarme de la coalición mercado-internista y la profundización en la redistribución del ingreso en contra de los trabajadores son objetivos ampliamente compartidos. Las disidencias aparecen en los instrumentos para alcanzar esa Argentina ideal. A continuación, se detallan algunos temas que generan rispideces.

Los niveles de integración económica. Recientemente, la Unión Industrial Argentina puso el grito en el cielo por la posibilidad de que Macri reconozca a China como economía de mercado. No es que a Techint le preocupe la suerte de las PYMES nacionales: es simplemente una cuestión de asegurar su propia supervivencia. Similares tensiones se dan, en un plano más general, con la entrada de productos importados. Los lazos de solidaridad orgánica entre los industriales son débiles: cada uno cuida su “quintita”. El bajo nivel de integración de nuestro aparato industrial determina que el ingreso de insumos importados (y de bienes de capital) reporte beneficios directos para muchos industriales, pero a medida que se amplía el cupo importador, es mayor la probabilidad de que los productos comprados en el exterior se conviertan en fuente directa de competencia para los fabricantes locales.   

El nivel del dólar. La salida del “cepo” fue elogiada por toda la cúpula empresarial. Pero a casi un año de aquella mega-devaluación, el desacuerdo por el nivel en el tipo de cambio vuelve a florecer. Con una inflación anual que, según la mayoría de las proyecciones, estará por encima del 40% en 2016, más la depreciación de las monedas latinoamericanas a partir del triunfo de Trump, resulta lógico que aquellos sectores que se quejaban a principio de año del atraso cambiario, hoy vuelvan a formular similares inquietudes. Así, los exportadores agropecuarios y los industriales de mayor tamaño quieren una nueva devaluación, pero el sector financiero prefiere un tipo de cambio bajo, al igual que los importadores. Algo similar ocurre con el nivel de la tasa de interés: son frecuentes, últimamente, las voces que reclaman su reducción para dinamizar el ciclo económico, pero cada vez que el Banco Central acepta avanzar, moderadamente, en esa dirección, la presión sobre el dólar se acentúa, en un escenario de fuerte centralidad estructural del sistema financiero.

El endeudamiento externo. En el inventario macrista de la pesada herencia no figuró nunca el endeudamiento externo. En efecto, el bajo nivel de deuda en dólares que dejó el kirchnerismo se transformó en una de las palancas fundamentales de las que se benefició Cambiemos: desde diciembre de 2015, el endeudamiento total superó los 50 mil millones de dólares. La cúpula empresarial, además, apoyó cada uno de los pasos que dio el gobierno para que la Argentina pueda reabrir los canales del crédito internacional. Acuerdo con los fondos buitres mediante, las grandes empresas volvieron en 2016 a tomar deuda en el exterior. Ahora bien, el camino del endeudamiento no es ilimitado ni neutral en términos de sus implicancias, pues históricamente, vino acompañado de un ajuste sobre el ingreso de los sectores populares. El propio Presidente lo formuló de manera elocuente en la última conferencia de la Unión Industrial Argentina: “Hay que decidir en qué vamos a recortar. Esa es la discusión que comienza en 2017”.    

Estas disputas son incipientes. El tiempo, y sobre todo la marcha de la economía, dirán si recrudecen. No hay que olvidar, además, que estos conflictos, muchas veces, deben matizarse en virtud de la existencia de empresarios que tienen intereses en distintas actividades (financieras, agrarias, industriales, comerciales) y que, por ende, pueden compensar eventuales pérdidas en un sector con ganancias en otros rubros.

Aun así, los desacuerdos se hicieron en el último tiempo más visibles, al compás de la postergación hasta nuevo aviso del inicio del segundo semestre y de una inflación que no cede. Las declaraciones de Roberto Lavagna en contra del modelo económico macrista deben ser entendidas en este contexto, además del obvio posicionamiento táctico de diferenciación que comienza a ensayar el Frente Renovador de cara al próximo turno electoral.

El análisis de las tensiones dentro de los sectores dominantes es fundamental porque, como fuera dicho, este es un gobierno que tiene a los empresarios (de mayor tamaño) como parte fundamental de su base social y en puestos estratégicos de conducción estatal. Pero, además, porque las pujas inter-capitalistas han resultado decisivas en el modo en que se resolvieron las crisis en la Argentina reciente.

Esto lleva a un último punto, vinculado con uno de los más nocivos legados del neoliberalismo: la fragmentación y heterogeneidad del campo popular, en el que trabajadores formales, desempleados, informales, monotributistas, conforman un colectivo plural y con situaciones e intereses divergentes y hasta contradictorios entre sí.

Ese mapa disperso explica en parte la imposibilidad de las clases subalternas por intervenir con voz propia para imponer condiciones en el modo en que se resolvieron últimamente las grandes crisis económicas en la Argentina. En 1989, el estallido hiper-inflacionario enfrentó a los grupos económicos locales contra los acreedores externos. En 2001, las pujas inter-burguesas se dieron entre devaluacionistas (Grupo Productivo) y dolarizadores (empresas de servicios públicos privatizadas). Ambas crisis fueron superadas “desde arriba” y derivaron en una caída abrupta del salario real y en la participación de los trabajadores en el producto.

Para concluir, y a modo de síntesis, el objetivo del macrismo en avanzar hacia el desarme de la coalición mercado-internista enfrenta no solo restricciones estructurales (ausencia de una crisis previa, acotados márgenes de acción política y adversas condiciones internacionales) sino también divergencias incipientes en su base social empresaria. El agravamiento de estas disidencias, seguramente, estará condicionado por la evolución de los principales indicadores macroeconómicos. Hay, sin embargo, un punto de coincidencia fundamental dentro de la cúpula: la necesidad de reducir los costos laborales. De allí que para el campo popular sea indispensable formular una alternativa propia, que no se subordine, como en el pasado cercano, a ninguna propuesta elaborada por los sectores más concentrados del capital.