Nota publicada en Página 12
Una de las primeras acciones emprendidas por el gobierno de Mauricio Macri estuvo vinculada con los despidos en el sector público. En abril de este año, el Ministro de Modernización, Andrés Ibarra, anunció que las desvinculaciones alcanzaban a 10.921 empleados (aproximadamente el 5% del total de la Administración Pública Nacional). En aquel momento, el Ministro señaló, además, que la era de los despidos llegaba a su fin.
¿Cuál fue la lógica subyacente en estas desvinculaciones? El interrogante se plantea debido a que los funcionarios nacionales, y el propio Presidente, han recurrido a distintos argumentos para justificar las cesantías: excesiva politización de la burocracia (la “grasa militante”); proliferación de personas que no cumplían ninguna tarea (los denominados “ñoquis”); crecimiento estatal desmesurado en los últimos años; creación de empleo público para suplir la falta de dinamismo del empleo privado; alto déficit fiscal. Sintetizando este conjunto variado de razones, la cuestión se podría plantear de la siguiente manera: ¿Había una “necesidad” económica (reducir el gasto) o una intencionalidad política (desprenderse de “militantes” y, junto con ello, desmantelar programas y áreas que no eran de interés para el nuevo gobierno)?
El primer indicio de que los despidos obedecieron a razones políticas surgió del informe producido por el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas en abril del corriente (Ver aquí). En él se reveló que el macrismo había incrementado la cantidad de cargos directivos en comparación con la administración anterior: aumentaron los Ministerios (pasaron de 18 a 22), las Secretarías (de 69 a 84) y las Subsecretarías (de 105 a 203). A cifras similares arribó un estudio efectuado por CIPPEC.
A partir de entonces cabía esperar que, ante la ampliación de la estructura ministerial, se produjera, en consonancia, un aumento en la cantidad de personal. Pues bien, esta intuición puede ser ahora corroborada con datos oficiales provistos por el Ministerio de Trabajo (Leer acá).
¿Qué lectura puede hacerse de estos datos?
Como fuera dicho al principio de esta nota, el gobierno nacional despidió en los primeros meses a 10.921 trabajadores. Pero la reducción de trabajadores en el ámbito nacional es, según el Ministerio de Trabajo, de 3.016 empleados. Esto significa que en paralelo a los despidos, se han producido nuevas contrataciones. Así lo consigna el informe del Ministerio de Trabajo: “(…) luego de una leve reducción del nivel de empleo en enero, el número de trabajadores se incrementa todos los meses”. Por otra parte, el relevamiento llega hasta junio, con lo cual es probable que en estos meses se haya incrementado aún más la dotación de personal.
Tres conclusiones se derivan de estas cifras.
En definitiva, hasta el momento primó una lógica política y no económica en materia de despidos. Ante los rumores sobre una nueva e inminente oleada de cesantías, queda planteado el interrogante acerca de los criterios que imperarán en el futuro: ¿Será el tiempo del ajuste fiscal mediante la reducción del empleo público o continuarán reemplazando empleados “pertenecientes” a la anterior administración con gente propia?